La corrupción en Murcia
Resumen de la recopilación de los casos de presunta corrupción actualmente investigados por la justicia en Murcia realizada por La Sombra de Aznar. Da miedo...
Murcia. Admitida a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Águilas. Admitida a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en el caso de La Zerrichera contra el promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.
Cartagena. Investigación abierta en los casos de irregularidades en la compra y recalifación de terrenos para la construcción de campos de golf y viviendas en Lo Poyo y Novo Carthago (5000 y 10000 viviendas respectivamente).
San Javier. Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados y ha sido admitida a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Archena. IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcald, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.
Cieza. El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros.
Mazarrón. La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Villanueva del Río Segura. El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura.
Puerto Lumbreras. El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en los juzgados de Lorca, donde se han admitido a trámite unas querellas por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo socialista de la anterior corporación municipal, en las que se acusa al dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias.
Los Alcázares. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
Abanilla. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López. Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.
Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, los días 1 y 15 de cada mes. La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico.
Fuente Álamo. La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, quedó, junto con cinco personas más, en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Además de la alcaldesa de ese municipio, fueron puestos en libertad con cargos la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y el arquitecto municipal José Mariano Sánchez Martini.
Librilla. El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Librilla, el popular José Martínez García. Lo acusan de querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras por unos trabajos «que no existen».
Fortuna. Una ex concejal del PP de Fortuna acusa a su alcalde de comprar votos. Asegura que el primer edil, su esposa, hermano y dos concejales ofrecían favores a cambio del apoyo electoral.
Totana. La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad. Navarro dejó ayer por la noche en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. La nota informativa del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se imputan a cada uno de los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso que afecta a las doce personas detenidas los pasados lunes, jueves y viernes. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Adjudicación de la TV autonómica. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación sobre el proceso de adjudicación del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM), formado por empresas relacionadas con la construcción como Foro Corporativo de Medios (Intereconomía), la productora de televisión Prodher; Mediterránea de Inversión Grupo 4; Palprom 2004, Grupo Polaris; Palatino 2002 y el Grupo Fuertes.
Balsa Jenny. La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
Visto en Apodérate
2 comentarios
Enhorabuena por su blog,un sano ejercicio de libertad.Un placer. Feliz y Quimérico 2008
¿SOBORNO O EXTORSIÓN?
Rafael del Barco Carreras
13-02-09. Yo afirmaría sin dudar que en España domina la EXTORSIÓN. Lo sabemos muy bien quienes hemos ejercido de empresarios. Un servicio público, un contrato o venta, una concesión, un auto y hasta sentencia, a menudo tiene un precio ajeno al impuesto o la tasa, que se pagará si se pretende o necesita el bien, derecho, servicio o venta. Jamás he oído de nadie en mi entorno que sobornara a algún cargo público, y por docenas los empresarios que han pagado lo que les exigían, y normal quienes hasta de generaciones atrás tienen establecido en negro la comisión, incluso especie de sueldo mensual fijo, al jefe de compras, jefe de servicio o firmón y tramitador correspondiente. Lo he vivido en persona, he pagado, pero nunca se me ha ocurrido la oferta directa, se hubieran carcajeado, “roto las vestiduras”, o peor. Un despistado ignorante, un fuera de lugar, y encima peligroso por su atrevimiento.
El gran March decía que quien no tiene precio es que no vale nada. Le diría que el precio lo fijan de antemano los corruptos funcionarios públicos, a miles, a través de sus sofisticados canales, o no sofisticados. El “Lo sabía toda Barcelona” de Pascual Estevill y Piqué Vidal, o los Delegado e Inspectores de Hacienda. El 3% de Maragall. O el ¡colmo! en la Modelo del 80, yo mismo (preso-ordenanza-contable en Economatos y Suministros) rellenaba las facturas y recibos en blanco de los proveedores, una docena, y “todos con la misma máquina de escribir”, aun se podría comprobar en los estados de cuentas bimensuales perfectamente cuadrados, etc…etc...
Se podría generalizar que en Obra Pública las comisiones en negro son normales, por lo tanto no se puede hablar de ni extorsión ni soborno, y lo que viví para SALIR DE LA CARCEL es extorsión en su grado más duro, amoral y sucio.
La falacia y la hipocresía reina en España, y la ley y léxico perpetúan una mecánica donde el funcionario público o político de turno no se vende, o se deja sobornar, sino que es el dueño y señor del feudo y cobra su peaje. Difícil descubrir y probar el montaje para la recaudación con bufetes, consulting o simples familiares o amigos canalizando clientes. La figura del Conseguidor que tanta estafa ha propiciado. Descubrir a los corruptos o sus intermediarios, tratarlos, y pagar, centra el éxito de mucho empresario, diría, la mayoría en ciertos sectores. En situaciones de difícil discernir si uno es un empresario o simple “hombre de paja” recaudando y pagando, caso en la Burbuja Inmobiliaria entre ayuntamientos, inmobiliarios y banqueros-cajeros.