...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

En la mayoría de debates que se sostienen en nuestro país acaba ocurriendo un mismo fenómeno: perdemos la perspectiva y nos dejamos llevar por consignas introducidas por unos y otros sin más respaldo que el de los medios de comunicación (que no es poco). Un claro ejemplo es la tan cacareada ofensiva contra la iglesia católica que supuestamente vendría manteniendo el gobierno de Zapatero -y si tenemos un poco de memoria el de González, con el que también salieron a la calle minolles y minolles de católicos de bien.

La realidad es que no, ni entonces ni ahora hablamos de una ofensiva del gobierno contra la iglesia, sino de que la iglesia y su entorno (confederaciones de padres católicos, partidos conservadores, etc) ven puestos en peligro sus privilegios -dinero, principalmente- o su papel histórico de guardianes de la moral de los españoles.

Para empezar, seamos serios, no puede haber ofensa cuando el gobierno adopta medidas totalmente constitucionales e incluidas previamente en su programa electoral, sobre todo si tenemos en cuenta que estas medidas no atacan directamente a la iglesia ni a los católicos, sino que simplemente van dirigidas a reconocer dentro del ordenamiento jurídico situaciones que la iglesia -eso es cosa suya- interpreta como amorales o pecaminosas.

El gobierno no ataca a la iglesia ni a los católicos cuando legaliza los matrimonios (civiles, por supuesto) entre personas del mismo sexo, ni cuando regula la investigación con células madre, ni cuando aprueba una ley para agilizar los trámites del divorcio (civil, por supuesto), ni cuando establece que la asignatura opcional de religión católica no es evaluable, ni cuando crea una asignatura que explica conceptos democráticos y leyes aprobadas en el parlamento. De hecho, ni siquiera se ataca a la iglesia cuando se revisa un concordato de relación entre la iglesia y el estado escrito cuando la iglesia disponía aún de un poder y una influencia heredados del franquismo. Se trata en todos los casos de medidas que si acaso chocarán con la doctrina de la iglesia católica, o con privilegios heredados de una época que la iglesia debería repudiar en lugar de añorar -como parece que ocurre en ocasiones- pero en ningún caso se ataca a la iglesia en sí ni a los católicos. Evidentemente, cualquiera es libre de sentirse ofendido por una ley o una acción del gobierno, faltaría más, pero ese sentimiento no supone por ello una evidencia de la supuesta ofensiva, sino que se trata de una mera especulación. Hay otra causas posibles: una propensión de este colectivo a sentirse ofendido por las acciones de los demás, por ejemplo, aunque también pudiera tratarse sencillamente de un conflicto entre determinados preceptos de la doctrina católica y algunos derechos fundamentales en una sociedad democrática.

No. Una ofensiva contra la iglesia o las libertades religiosas sería otra cosa. Si se prohibiesen las iglesias, o los ciudadanos tuviesen prohibido acudir a ellas, o si los sacerdotes o las monjas no pudiesen acceder a la seguridad social, o si la impartición de doctrina católica estuviese perseguida por la ley, o si la policía detuviese a los católicos por sus creencias, o les obligase a casarse con personas de su mismo sexo, o a divorciarse, o a abortar, pues sí, se podría hablar de ofensiva del gobierno contra la iglesia. Pero a día de hoy, me parece que más que otra cosa deberíamos estar hablando de defensa de la sociedad no creyente de la excesiva influencia de la iglesia en asuntos que no le competen. No sé si me explico.