El problema de la vivienda

En España no tenemos un problema de la vivienda. Tenemos dos. Por un lado hay gente que tiene que dedicar las dos terceras partes de sus ingresos a pagar una hipoteca o alquiler, o sencillamente tiene que recurrir a soluciones como compartir piso o quedarse en casa de sus padres. Y por otro hay gente que está legítimamente preocupada porque sus inversiones inmobiliarias vayan a dejar de producirle los beneficios esperados, o directamente vayan a bajar de precio.

Parece además que estos dos problemas son mutuamente excluyentes: cualquier medida dirigida a solucionar uno tiende a producir el empeoramiento del otro. Por otro lado, no está tan claro cuál es el número de personas que se ven afectadas por cada uno de los problemas. ¿Hay más jóvenes que no pueden acceder a una vivienda en condiciones o gente que ha comprado algún piso a modo de inversión? No parece lógico que en un país en el que se habla de hasta 3 millones de pisos vacíos, y en el que en los últimos años se vienen construyendo más viviendas que en Alemania y Francia juntas, los precios sigan subiendo como si la demanda real de pisos (para vivir en ellos, se entiende) creciese más que la oferta. Es evidente que muchos de esos pisos no están destinados a ser el hogar de su comprador, sino a aumentar su cuenta de resultados en una futura venta.

Pero saber esto no nos lleva a ningún sitio. Invertir en el mercado inmobiliario no es ningún delito, ni ningún Gobierno va a aplicar medidas que perjudiquen una actividad comercial que produce enormes beneficios a nuestra economía. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer nada, que es lo que se viene haciendo hasta ahora.

Y es que los problemas que acabo de mencionar se ven agravados por algo que ya no es tan legítimo ni tan comprensible: la facilidad con la que se mueve el dinero negro en el mercado inmobiliario. Y más aún: si ya de por sí está mal que parte de las transacciones inmobiliarias queden de esta forma “exentas” del pago de los correspondientes impuestos (y peor aún, que esto nos parezca normal), que ese tipo de prácticas se apliquen a viviendas de protección oficial como ocurre tan a menudo en nuestro país es doblemente inmoral. No sólo se defrauda al estado, y por tanto al resto de contribuyentes, sino que directamente se estafa al comprador, que se ve obligado a elegir entre aceptar una condición abusiva o perder la opción a una ayuda a la que tiene derecho. No sé a qué esperan los legisladores, y en este caso especialmente el Gobierno de Zapatero, para aplicar las medidas necesarias para que este tipo de situaciones dejen de ser “lo normal”.

Deberían establecerse los mecanismos que permitan a quienes buscan una vivienda de protección oficial dirigirse a un único punto, dependiente del estado, que garantice que cada compra protegida cumpla los requisitos, y que evite las prácticas abusivas a las que desafortunadamente estamos acostumbrados. Si se aumenta el número de viviendas de protección oficial disponibles y si se sanea su gestión para evitar que sus precios sean fraudulentamente inflados, habremos resuelto el problema para quienes éste es más urgente. El mercado libre puede entonces seguir su escalada y servir de tablero de juego a quienes quieran hacer de él su particular Monopoly. Eso sí, a quien le corresponda, que vaya a la cárcel sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pesetas.

Una última reflexión: el debate sobre los minipisos no es, en mi opinión, más que una (demagógica) cortina de humo. El problema no está en el número de metros cuadrados que tiene un piso, sino en el precio de esos metros cuadrados y, sobre todo, en el impacto que ese precio tiene en nuestro poder adquisitivo.