Condenados al exilio tras el atentado a la libertad de la cruzada inquisitorial
La política es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Se podría decir que cuanto más controvertido es un asunto más indicada está la política, y en concreto nuestro sistema democrático, como medio para encontrar la solución más justa (o la menos injusta, según se mire). Un jefe de departamento puede decidir a qué tarea deben dedicarse sus empleados en un día de trabajo, pero hace falta una decisión del Parlamento nacional para aprobar una reforma de la legislación laboral. En un estado de las autonomías como el nuestro hay decisiones para las que se hace necesaria una decisión del Parlamento regional, y ese es el caso de la controvertida ley que prohibirá las corridas de toros en Cataluña.
Quizás algún día todos entendamos estas sencillas reglas de juego, pero lo que está claro es que a día de hoy nos queda mucho camino por recorrer. A algunos políticos y ciudadanos de algunas comunidades autónomas, porque se empeñan en intentar decidir sobre asuntos para los que no están legitimados (véase el fallido Plan Ibarretxe o los artículos del estatuto de Cataluña que no pasaron el corte del Congreso y el Senado o finalmente fueron declarados anticonstitucionales); a algunos políticos y ciudadanos del resto del país, porque se empeñan en intentar impedir que los primeros decidan sobre asuntos para los que sí están legitimados (véase la ley de las corridas de toros, por centrarnos en el ejemplo que motiva este post).
Y digo yo, si la política y la democracia proporcionan la mejor manera para dirimir aquellos asuntos que nos afectan como sociedad; si la regulación del trato a los animales es un asunto que entra dentro de las competencias de las comunidades autónomas, y tenemos el precedente de Canarias y su ley sobre el asunto de hace 20 años; si el Parlamento catalán que legítimamente representa a los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma ha debatido durante meses una iniciativa popular avalada por miles de firmas y finalmente ha votado una ley que prohíbe las corridas de toros en su territorio; ¿A qué cuento viene referirse a esta medida en los términos en que algunos vienen haciéndolo?
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3 comentarios
Como siempre, se quiere llevar al terreno de la confrontación entre comunidades una cosa que es muy sencilla:
LA MAYORIA DE LOS CATALANES ESTAMOS EN CONTRA DE LA CRUELDAD QUE SE MANIFIESTA EN LAS CORRIDAS TAURINAS.
No solo la muerte del toro, sino también su tortura hecha espectáculo.
El catalán que quiera ver una corrida de toros, puede desplazarse perfectamente a Valencia, Zaragoza, o donde quiera.
Pero no en nuestra comunidad (que es donde podemos legislar).
Tan dificil es entender eso???
Evaristo, cuando hablas de "algunos políticos y ciudadanos del resto del país, porque se empeñan en intentar impedir que los primeros decidan sobre asuntos para los que sí están legitimados", ¿a quiénes te refieres?
Es imposible que te refieras al PP y al sector protaurino. ¿Han llamado a la insumisión? ¿Han maniatado o secuestrado a los parlamentarios nacionalistas para impedirles decidir nada? ¿Han impugnado la votación? Creo que lo único que han hecho ha sido realizar una crítica legítima del resultado de la votación y manifestar su intención de utilizar las herramientas que la Ley y el Estado ponen a disposición de todos para intentar conseguir un objetivo. ¿Qué problema puede haber con eso?
Nada que ver, por poner un ejemplo reciente, con políticos que exigen que los tribunales se declaren incompetentes según su capricho, que llaman al pueblo a rebelarse contra las sentencias judiciales, que manifiestan públicamente su intención de no acatarlas, que denigran y menosprecian a las más altas instancias de la Justicia o que, con la complicidad del Presidente del Gobierno, pretenden modificar la legislación para sortear la decisión de los jueces.
P.D.- Como estoy un poco harto ya de que se utilice el precedente de Canarias, me he tomado la molestia de leerme la Ley 8/1991 (es una ley cortita) y he descubierto que en ella no se menciona ni una sola vez las corridas de toros, como sí se hace con las peleas de perros o el tiro al pichón. La prohibición de los festejos se deriva de la interpretación del artículo 5.1, "Se prohibe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectaculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento." Pero ocurre que en Canarias jamás ha existido tradición taurina. Cuando se promulgó la Ley, hacía ya varios años que no se celebraban corridas en las islas. Vamos, es como si Valcárcel sacara una ley que prohibiera la caza de ballenas en todo el territorio de la Comunidad, no sé si me entiendes. Ah, por cierto, en el artículo 5.2 la Ley autoriza la celebración de peleas de gallos, que de eso no habla nadie.
Evaristo creo que se refiere a que el PP quiere vetar la prohibición de Catlaunya creando una especie de ley de protección de la "Fiesta Nacional" mediante la cual las autonomías no tendrían competencias para prohibirlas.
Una especie de: ¿Que tú lo prohibes porque la mayoría de tus habitantes así lo quieren? Pues yo hago una ley que prohíba tu prohibición. Y la soberanía popular de tu comunidad me la paso por el forro...