Hoy no se fía
La Región de Murcia tiene un problema: tras varios años de gasto sin medida a cargo de la burbuja inmobiliaria, resulta que una vez pinchada esta no hay dinero para pagar la cuenta... y en este bar ya no se fía.
La difícil situación por la que está pasando la economía española, mucho peor que la que sufren otros países europeos, se ha reproducido de forma muy similar en el caso de Murcia, comparada en este caso con el resto de autonomías: una comunidad que, gracias a la ingesta masiva de esteroides del ladrillo de los años anteriores, podía exhibir el músculo de una deuda pública reducida y unas cifras de paro envidiables, se encuentra ahora a la cola del déficit y del paro. La diferencia es que en el caso de España el gobierno adoptó medidas correctivas en cuanto estalló la crisis de la deuda en Mayo del pasado año, que le han llevado a cumplir los objetivos de crecimiento y de déficit para el ejercicio, mientras que en el caso de Murcia el gobierno no solo no cumple los objetivos, sino que pretende salir del atolladero mirando para otro lado y recurriendo al victimismo de siempre.
Lo cierto es que las noticias sobre los problemas de la Comunidad Autónoma para afrontar los pagos a sus proveedores vienen sucediéndose desde hace varios años. Pero ni se hizo nada entonces, ni cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó un compromiso de austeridad en Marzo del año pasado, ni cuando este compromiso fue ampliado en Junio de ese mismo año, a raíz del estallido de la crisis de la deuda griega. El gobierno regional solo se dio por aludido hace dos meses, tras un último intento de negar la evidencia alegando errores de cálculo, y cuando ya era obvio que no había cumplido ninguno de esos compromisos. Y lo hizo aprobando un recorte a los empleados (y a los servicios) públicos que, tras las protestas, ahora ha dejado en la mitad, con lo que sigue sin quedar claro qué va a hacer para resolver el problema del déficit.
Ante esta situación, las autoridades regionales han optado por atrincherarse en una estrategia victimista, intentando desviar la atención hacia el gobierno nacional, responsable de la aprobación de las emisiones de deuda adicionales, como si la Comunidad Autónoma fuese un mero intermediario en la ejecución del gasto, sin función política alguna ni responsabilidad sobre sus propias cuentas. No hay que olvidar que las Comunidades Autónomas gestionan más gasto público que la Administración Central y los Ayuntamientos juntos.