Todos recordamos las críticas que el Partido Popular dedicó al nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, críticas que la gran mayoría de sus votantes apoyaron de forma entusiasta.
Según sus tesis, el estatuto era una reforma encubierta de la Constitución, era intervencionista, se salía de sus competencias (abriendo incluso la puerta a la eutanasia), constaba de demasiados artículos (pasando de 57 a 223) y contenía peligrosas referencias soberanistas en el preámbulo. Rajoy llegó a proponer la supresión de dos tercios del articulado.
Pues bien, el nuevo estatuto de autonomía de Andalucía, aprobado hace unos días en el congreso con el apoyo del Partido Popular:
1. Pasa de 75 a 246 artículos.
2. Contiene una preligrosa referencia soberanista en el preámbulo.
El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna.
3. Hace referencia explícita al derecho de las personas a "vivir dignamente el proceso de su muerte" y a "declarar la voluntad vital anticipada".
4. Interviene en temas que hasta ahora son competencia del estado, como el agua ("En materia de aguas le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran por Andalucía") o la policía autonómica ("Compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía andaluza de carácter integral").
Por no hablar del estatuto valenciano, o de las propuestas de reforma acordadas en Baleares o Castilla La Mancha, de momento.
De forma que, si al final no prospera el recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional contra el estatuto de autonomía de Cataluña, una de dos: o España no se está resquebrajando después de todo, o es que ahora el PP se ha pasado al lado oscuro.
